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Juan Ramón Martín Jimenez (EUPV), Concejal de Servicios Sociales, Energía y Aguas, se ha dirigido a 7 empresas eléctricas, tras dar cuenta de las enrevesadas 32 páginas del real decreto ley 897/2017 del 6 de octubre por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
En dicho decreto, y a través de del capitulo IV, más concretamente en su artículo 12 denominado «Financiación del coste del suministro de electricidad del consumidor en riesgo de Exclusión Social» apartado 3, se establece:
«Las empresas comercializadoras de referencia podrán suscribir convenios con las Administraciones autonómicas y locales que establezcan los mecanismos de coordinación para evitar la suspensión de suministros de electricidad por razón de impagos a estos consumidores, con objeto de que los SERVICIOS SOCIALES correspondientes puedan prestar y acreditar mediante el correspondiente certificado la ayuda económica regulada en el apartado 1 para el pago de las facturas «
«Ahora solo me queda esperar a ver cuantas de estas compañías se ponen en contacto con nuestro departamento con el fin de realizar los citados convenios» sentencio el señor Martín.
