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Después de más de dos años de una legislatura, que el Consell empezó con un ambicioso plan de infraestructuras educativas con escasos resultados hasta el momento, ahora se quiere cargar sobre las espaldas de los ayuntamientos la construcción y reforma de los centros educativos
El pasado 13 de diciembre El Consejo Escolar Municipal de Sant Joan d´Alacant aprobó ayer la adhesión al Plan Edificant de la Generalitat para la reforma y mejora de los centros educativos del municipio. Las obras solicitadas suman más de 13 millones de euros, e incluyen actuaciones ya necesarias en nuestro municipio desde hace muchos años, como la ampliación y adecuación del Instituto García Berlanga; la ampliación y adecuación del Colegio Lo Romero; la construcción de un aula polivalente en Infantil y la construcción de la cubierta del patio del de primaria del Colegio Cristo de La Paz; o la reforma de las pistas deportivas; construcción de un aulario de fisioterapia, ampliación del comedor y asfaltados en el Colegio Rajoletes.
En los últimos días, también hemos conocido que inicialmente la Consellería ha aceptado las propuestas de reconstrucción del CEIP Lo Romero o la renovación del IES Berlanga. Esperemos que estas viejas reivindicaciones de la comunidad educativa y los vecinos de Sant Joan se hagan realidad lo antes posible, pero no debemos olvidar que han sido aprobadas dentro del marco del Plan Edificant, el cual nos suscita a algunos muchísimas dudas e interrogantes sobre su operatividad práctica.
Estas inversiones han sido Incluidas dentro de la solicitud presentada por el Ayto en el marco del plan Edificant. Iniciativa que nuestro grupo toma con todas las reservas por diversas razones, tanto competenciales, como de la capacidad que pueda tener nuestro municipio en medios humanos y materiales para planificar, desarrollar y ejecutar un volumen así de inversiones, sin contar las dudas que nos presenta también la financiación de estos proyectos: ¿Cómo se financiarán estos proyectos hasta que se produzcan los oportunos pagos por parte del Consell una vez que se realicen las sucesivas certificaciones?; ¿Quién pagará los más que posibles sobrecostes que suelen producirse en este tipo de actuaciones? ¿Cómo va a coordinarse el Consell con más de 200 instituciones distintas cada una con capacidades y forma de trabajar distintas? ¿Cómo es posible que se agilicen los plazos y, sobre todo, los trámites administrativos, multiplicándose los órganos de contratación?
Hay que recordar que este “invento” de Edificant, de nuevo tan sólo tiene el nombre. El PP también puso en marcha su modelo Edificant tras determinar en 1996 el mapa escolar de la Comunitat Valenciana, el cual no ha vuelto a actualizarse. Aquel modelo colaborativo entre administraciones no dio los frutos deseados, y dio paso al tristemente célebre modelo de Ciegsa, con sus agujeros contables y sobrecostes de más de 1.000 millones para llenar la Comunitat de barracones.
Esperemos por el bien de todos no acabar ahora con el Plan Edificant igual que con su predecesor de los años 90, después de la incapacidad mostrada por el Consell para desarrollar el ambicioso plan de infraestructuras educativas con el que llegó por bandera al inicio de legislatura.
A pesar del gran despliegue mediático que ha hecho el Consell para anunciar este programa de nada menos que 700 millones de euros en inversiones educativas entre 2018 y 2022, la realidad la vendrá marcando cada año la aprobación de las oportunas partidas presupuestarias. Un rápido vistazo de las partidas de inversiones reales contempladas en los presupuestos de 2.018 del Consell en materia de inversión educativa sólo nos puede producir el mayor de los escepticismos: para el total de nuestra Comunitat hay contemplados 47 millones de euros para la construcción de centros de Infantil y Primaria; 14 millones para reforma y 14,5 para equipamiento; en el caso de los centros de secundaria las cifras son todavía más desalentadoras, con 9,8 millones previstos para construcción de centros, 6 para reforma y apenas 11 para equipamiento.
Somos conscientes y conocedores de las grandes necesidades de nuestro municipio en estas y otras infraestructuras educativas, por lo que apoyaremos siempre cualquier iniciativa que suponga reclamar el Consell, que, en el ejercicio de sus competencias, las solvente con la máxima de las urgencias. Pero ¿Por qué tiene nuestro Ayuntamiento que adherirse a un plan que consiste en que el Consell cumpla sus obligaciones con nosotros asumiendo competencias que no son suyas? ¿Por qué el Consell tiene que trasladar a la administración local un problema y una responsabilidad con los que está demostrando no sabe lidiar? ¿Qué será lo siguiente, que los ayuntamientos construyan juzgados, ambulatorios, hospitales…?
ANTONIO RIVERA
SECRETARIO AGRUPACIÓN DE CIUDADANOS SANT JOAN D’ALACANT
